Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Informe sobre la Trata de Personas 2009 - República Dominicana

Noticias de la Embajada

Traducción No Oficial

Informe sobre la Trata de Personas 2009 República Dominicana
(Lista de Observación Categoría II)

La República Dominicana es un país de origen, de tránsito y de destino para hombres, mujeres y niños que son traficados con el propósito de ser explotados sexualmente y de ser sometidos al trabajo forzado. Las mujeres dominicanas son traficadas para la explotación sexual en Argentina, Australia, Brasil, Costa Rica, Chipre, Panamá, Haití, Jamaica, los Países Bajos, Panamá, Eslovenia, Surinam, Suiza, Turquía y Venezuela. Un gran número de mujeres, niños y niñas son traficados en el país para la prostitución forzada y la servidumbre doméstica. En algunos casos, los padres empujan a los hijos a la prostitución para que ayuden con el mantenimiento de la familia. El turismo sexual infantil es un problema, particularmente en las áreas hoteleras de las costas, con turistas que según informes alcanzan los miles y que llegan durante todo el año desde varios países, particularmente desde España, Italia, Alemania, Canadá y los Estados Unidos buscando sexo infantil. Existen nacionales haitianos, incluso niños, que voluntariamente entran ilegalmente a la República Dominicana y que pueden posteriormente terminar realizando trabajos forzosos en los sectores de servicio, construcción y agricultura.

El Gobierno de la República Dominicana no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para ello. A pesar de estos significativos esfuerzos generales, el gobierno no mostró evidencia de progreso en el procesamiento y el castigo de infractores, incluso de oficiales cómplices; por lo tanto, la República Dominicana entra en la Lista de Vigilancia Categoría II. El Gobierno dominicano aumentó sus esfuerzos para educar al público sobre los peligros de la trata, mejoró su asistencia a las víctimas, anunció un plan nacional para combatirla y tomó algunas acciones disciplinarias en contra de oficiales de bajo rango, sospechosos de complicidad en esta actividad.

Recomendaciones para la República Dominicana: Intensificar los esfuerzos para procesar y castigar a los infractores de la trata, especialmente a funcionarios públicos cómplices o facilitadores; aumentar las investigaciones sobre situaciones laborales de potencial trata; continuar aumentando la asistencia a las víctimas y los servicios de refugio; proporcionar mayores protecciones legales para los indocumentados y para las víctimas extranjeras; aumentar los esfuerzos de prevención y reducción de la demanda; intensificar los esfuerzos para identificar y cuidar a todas las víctimas; y continuar aumentando el entrenamiento a funcionarios gubernamentales y judiciales sobre el combate de este flagelo.

Procesamiento

El gobierno aumentó modestamente los esfuerzos de ejecución de la ley en contra de algunos infractores, y comenzó a investigar y castigar a funcionarios de bajo rango por complicidad durante el último año. La ley dominicana prohíbe todas las formas de trata por medio de su amplia Ley 137-03, la cual establece penalidades de hasta 20 años de prisión. Tales penalidades son lo suficientemente rigurosas y proporcionales con las aplicadas para otros delitos graves, como la violación. En 2008, el gobierno continuó investigando varios casos de trata. Desde 2007 no ha habido condenas para la trata bajo la Ley 137-03, pero el gobierno ha hecho un esfuerzo mayor durante el año para diferenciar entre los crímenes de tráfico y los de trata de personas, los cuales están prohibidos bajo la misma ley y son frecuentemente confundidos. Aunque el gobierno inició una investigación sobre los informes de prensa de 2007 que involucraban directamente a funcionarios de alto nivel en el tráfico y la trata de nacionales chinos, no demostró ningún avance en esta investigación durante el 2008. La falta de recursos, la corrupción y un Estado de Derecho generalmente débil, limitan la habilidad del gobierno para abordar los temas de la trata, y continuaron las alegaciones de complicidad oficial. No se investigaron o procesaron a altos funcionarios; desde agosto de 2008, sin embargo, se cancelaron a 45 inspectores de la Dirección de Migración por estar posiblemente involucrados en la trata. Cinco de estos antiguos inspectores continúan bajo investigación y dos están en detención preventiva. Otros funcionarios de bajo nivel han sido suspendidos o disciplinados. Durante el período del informe, el gobierno cooperó con autoridades de los Estados Unidos y contribuyó con un caso internacional que involucra la trata de mujeres dominicanas a Suiza. Como muchas víctimas de la trata llegan a la isla con documentos legítimos a través de los puertos de entrada, la Organización Internacional para las Migraciones y la Subsecretaría de Estado para Asuntos Consulares y Migratorios ofrecieron entrenamientos a inspectores de migración en la detección de documentos falsos y alterados, la inspección de documentos de viaje y visas, la detección de impostores, y la diferenciación entre el tráfico de clientes y la trata de víctimas.

Protección

El gobierno mejoró sus esfuerzos para proteger a las víctimas de la trata, aunque continuó apoyándose en gran medida en las organizaciones no gubernamentales (ONGs), y las organizaciones internacionales para la gran parte de refugios y de servicios de protección ofrecidos a las víctimas. El Comité Inter Institucional de Protección a la Mujer Migrante, en cooperación con la Secretaría de Estado de la Mujer y una ONG ofrecieron asistencia legal y sicológica a las víctimas. El gobierno contribuyó con fondos dirigidos a una orden religiosa que asiste a las víctimas en sus centros de refugio en todo el país. La Organización Internacional para las Migraciones también utilizó estas facilidades para ayudarlas. Una ONG operaba el Centro de Acogida, un centro para las mujeres dominicanas víctimas de la trata que han sido repatriadas, ofreciendo servicios médicos y legales, asistencia para encontrar empleo, y educación continuada. Los refugios para las víctimas adolescentes fueron administrados por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, una institución gubernamental. El Código Procesal Penal contiene mecanismos para la protección de testigos y de víctimas, aunque estas protecciones estuvieron en gran medida limitadas a las víctimas que estaban dispuestas a testificar en los tribunales. Generalmente, se respetaron los derechos de las víctimas una vez que se reconocían como víctimas, y no fueron típicamente encarceladas o penalizadas por actos ilegales cometidos como resultado directo de ser víctimas de la trata. Las autoridades dominicanas animaron a las víctimas a que les ayudaran con la investigación y el procesamiento de sus traficantes. Las víctimas sin documentos de identidad, o con estatus ilegal, generalmente enfrentaron dificultad para acceder a los servicios de protección. De un grupo de 14 mujeres ecuatorianas víctimas de la trata, una permaneció en la República Dominicana para ayudar a la policía con la investigación y el procesamiento de sus traficantes. Las víctimas y los traficantes algunas veces llegaron a acuerdos, usualmente por vía de sus abogados, mediante los cuales ellas recibían compensación de parte de los infractores en lugar de seguir el caso por la vía de la justicia. El gobierno entrenó a funcionarios consulares establecidos en el extranjero para que reconozcan y ayuden a los nacionales dominicanos víctimas de la trata en el extranjero. El gobierno no proporcionó a las víctimas extranjeras alternativas legales claras a su expatriación, pero aún así no las expatrió a países donde enfrentarían retribución. En un caso en particular proporcionó residencia a largo plazo.

Prevención

El gobierno continuó aumentando sus esfuerzos de prevención durante el año. La Comisión Nacional contra la Trata, una entidad inter institucional, anunció su plan de acción nacional en diciembre de 2008. La Unidad de Prevención del Departamento de Trata y Tráfico de Personas, trabajando mancomunadamente con las Secretarías de Estado de Educación y de Trabajo, advirtió a los niños en las escuelas de todo el país sobre los peligros del tráfico de extranjeros, la explotación sexual comercial, y la trata. El Procurador General, la Dirección de Migración, la Marina de Guerra, la Secretaría de Estado de la Mujer, y un programa radial también llevaron a cabo campañas de información contra la trata. Hay letreros ahora en el aeropuerto internacional de Santo Domingo que informa sobre las penalidades que aplica la ley dominicana para el delito criminal de la explotación sexual comercial de niños. La prostitución de adultos es legal, aunque la policía allanó burdeles como un medio de abordar la demanda de actos sexuales comerciales con niños y niñas, y de buscar a menores de edad que estaban siendo prostituidos. El gobierno también hizo esfuerzos por reducir la demanda de actos sexuales comerciales al procesar a pederastas extranjeros por la explotación sexual de menores.