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Informe de Derechos Humanos en la República Dominicana

Informe de Derechos Humanos en la República Dominicana - 2009

(Traducción No Oficial)

La República Dominicana es una democracia constitucional representativa con una población de aproximadamente 9,7 millones, más unos 900.000 a 1,2 millón de inmigrantes indocumentados, en su mayoría haitianos o descendientes de éstos. En mayo de 2008 los votantes eligieron como presidente a Leonel Fernández, del Partido de Liberación Dominicano (PLD) por un tercer período, y en 2006 las elecciones del PLD obtuvieron mayorías en ambas cámaras del Congreso. Los observadores externos imparciales determinaron que ambas elecciones fueron en general libres y justas. Si bien las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo de las fuerzas de seguridad, en algunos casos, elementos de dichas fuerzas actuaron independientemente.

Si bien siguió mejorando el historial de los derechos humanos del gobierno, persistieron algunos problemas graves: muertes ilícitas; palizas y otros maltratos a sospechosos, detenidos y presos; condiciones carcelarias deficientes o deplorables; arrestos y detenciones arbitrarios de sospechosos; una gran cantidad de personas funcionalmente apátridas; corrupción generalizada; acoso a ciertos grupos de derechos humanos; violencia y discriminación contra la mujer; prostitución infantil y otros maltratos a menores; trata de personas; discriminación grave con los inmigrantes haitianos y sus descendientes; violencia y discriminación de personas por su orientación sexual; aplicación ineficaz de las leyes laborales; y trabajo de menores.

RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1 Respeto por la integridad de la persona, incluso el derecho a no estar expuesto a:

a.   La privación arbitraria o ilícita de la vida

Ni el gobierno ni sus agentes cometieron asesinatos por motivos políticos; no obstante, hubo numerosos informes de que las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en muchas muertes que fueron ilícitas o injustificadas o en las hubo uso excesivo de la fuerza.

Según la Procuraduría, durante el año la policía mató a 346 personas en 32 jurisdicciones en el ejercicio de sus funciones, lo que constituye una disminución con respecto a 2008, cuando se informó de 455 muertes a manos de la policía. La falta de adiestramiento y de rendición de cuentas, y la inadecuada supervisión por parte de los superiores contribuyeron a estas muertes a manos de la policía. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se dedican a los derechos humanos afirmaron que, al igual que en años anteriores, la policía siguió empleando fuerza letal no justificada contra los sospechosos de crímenes.

Algunos testigos informaron en mayo que un oficial de policía baleó y mató a quemarropa a José Gómez Taveras, de 19 años, tras obligarlo a arrodillarse, aun cuando al parecer cooperaba.

En octubre, cinco oficiales de policía balearon y mataron a dos sospechosos de secuestro en Guayabín, Provincia de Montecristi, en lo que los oficiales afirmaron fue un "intercambio de balas". En noviembre, el jefe de policía estableció un comité de investigación compuesto por tres miembros, a cuya cabeza estaba un fiscal especial para investigar el incidente. El comité rechazó la afirmación de los oficiales y llegó a la conclusión de que éstos, junto con un sargento de la marina como cómplice, habían ejecutado a los sospechosos. Los cinco oficiales y el sargento de la marina fueron puestos en libertad bajo fianza y, a finales del año, se hallaban a la espera del juicio.

El 17 de octubre, un oficial de policía baleó y mató a Lisandro Cuevas Ferreras, de 23 años de edad, que estaba esposado y aguardando atención médica en un hospital de San Cristóbal. Las autoridades detuvieron al oficial en cuestión e iniciaron una investigación.

Durante el año hubo informes sobre el uso de fuerza excesiva contra manifestantes por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. De ordinario, éstas dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y chorros de agua, así como con disparos de armas. El 17 de julio, durante una manifestación en Santo Domingo, la policía abrió fuego contra un grupo de manifestantes, y resultaron muertas dos personas, incluido un menor. Las pruebas balísticas confirmaron que la bala que mató al muchacho provino del arma de un oficial. Las autoridades entablaron juicio contra el oficial involucrado en el hecho, el cual a finales del año se encontraba aguardando juicio.

En julio un tribunal halló culpables a los dos oficiales involucrados en las muertes de cuatro civiles y un oficial de policía, acaecidas en Boca Chica en mayo de 2008, y los sentenció a 12 años de cárcel.

No se contó con información sobre la muerte a manos de la policía de tres menores sospechosos de robar una tienda en mayo de 2008.

No se conocieron nuevos acontecimientos en el caso de la muerte a manos de la policía de un menor que tuvo lugar en 2008 durante una manifestación ni de la muerte a manos de la policía de un joven de 17 años que jugaba básquetbol cerca de una manifestación.

Pese a informes previos de que el inspector general había nombrado una comisión para investigar la muerte de Rafael Concepción, acaecida en 2007 mientras se hallaba bajo custodia policial, y de que se había detenido a los oficiales de policía involucrados en el caso, no hubo información de que se hubiera asignado a nadie para que investigara el caso ni de que se presentaron cargos.

En varias ocasiones se informó en los medios de difusión que algunos ciudadanos atacaron a supuestos delincuentes en represalias de tipo vigilante por hurto, robo o latrocinio. Se atribuyeron estos incidentes a un aumento de la delincuencia y a la incapacidad de las fuerzas de seguridad de poner freno a estos delitos o combatirlos.

En agosto, una muchedumbre mató a un dominicano y a un haitiano en la provincia de Azua y posteriormente prendió fuego a ambos cuerpos en represalia por el supuesto asesinato de un miembro de la comunidad. En octubre, un grupo de asaltantes armados atacó y mató a tres haitianos, incluidos dos menores, que estaban preparando carbón a partir de árboles talados en forma ilícita cerca de Jimaní. Las autoridades judiciales acusaron a dos hombres de complicidad en el asesinato de los tres haitianos y, a finales de año, seguía en marcha una investigación.

b.   Desaparición

No hubo informes de desapariciones por motivos políticos.

Pese al anuncio realizado por el Ministerio Público en 2007 de que reabriría la investigación, no hubo nuevos acontecimientos ni se esperaba nada nuevo en el caso del periodista Narciso González, quien despareció en 1994 tras supuestamente haber criticado al gobierno.

c.   Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes

Si bien la ley prohíbe la tortura, las palizas y el maltrato físico de detenidos y presos, los miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente la policía, siguieron con dichas prácticas. La Procuraduría informó que la policía estaba involucrada en incidentes que tuvieron como resultado mutilaciones o lesiones graves de civiles no armados. No obstante, las mejoras en supervisión, concientización y rendición de cuentas llevaron a un percepción de que policía estaba realizando esfuerzos para reducir los incidentes y maltrato físico de detenidos. Sin embargo, las organizaciones que se dedican a los derechos humanos manifestaron que el vigilantismo uniformado persistía a un nivel no letal. También hubo informes del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

La ley estipula la aplicación de sanciones por torturas y maltratos físicos, incluidas sentencias que van desde 10 hasta 15 años de prisión. En ocasiones los fiscales civiles presentaron cargos contra oficiales de policía y militares, por motivos de tortura, maltratos físicos y delitos conexos. Las autoridades remitieron los casos de maltratos y torturas a tribunales penales civiles en lugar de a tribunales policiales.

Las autoridades policiales superiores trataron seriamente la prohibición de la tortura y el maltrato físico, pero la falta de supervisión y capacitación en los sistemas de aplicación de la ley y correccionales socavaron los esfuerzos para poner freno al problema. Si bien los observadores concordaron en que las condiciones mejoraron levemente debido a un aumento de oficiales correccionales capacitados profesionalmente, los grupos de derechos humanos y los presos informaron de maltratos físicos de detenidos, por lo común palizas. En julio, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una ONG, presentó una queja formal ante el jefe de policía, alegando que se había usado tortura como método de interrogación en varios casos en todo el país.

El 3 de abril, un detenido informó que un oficial de policía le colocó a la fuerza una papa en la boca, le cubrió la cabeza con una bolsa y lo golpeó con una guía telefónica. El 27 de septiembre, en otro incidente, un policía le metió a la fuerza una cebolla en la boca a un sospechoso, estos delitos y le golpeó con una botella de vidrio.

No sucedió nada nuevo en el caso de la paliza que le dieron en mayo de 2008 a una misionera que se negó a desvestirse para un examen en la prisión de Najayo, ni sobre la queja presentada en 2007 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la policía con respecto al caso de Javier Vicente Reyes Segura.

Algunos abogados de la Procuraduría del Distrito Nacional observaron el proceso de investigación para cerciorarse de que se respetaran los derechos de los detenidos en comisarías de alto volumen y en varias oficinas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Según informes, en ocasiones los fiscales adjuntos consintieron en la aplicación de prácticas policiales inapropiadas en lugar de insistir en que se cambiaran para ajustarse a las normas constitucionales.

Condiciones de las prisiones y los centros de detención

Si bien las condiciones de las prisiones por lo general fueron de deficientes a sumamente duras, el gobierno realizó progresos con "prisiones modelo" más nuevas, conocidas como Centros de Rehabilitación y Correccionales (CRC), donde los presos experimentaron mejores condiciones en comparación con las otras instalaciones. Según la Fiscalía, hubo 18.701 presos y detenidos en 36 prisiones cuya capacidad es aproximadamente para 10.000. Los nuevos Centros tuvieron 2.864 presos, mientras que en las prisiones convencionales hubo 15.837 presos. Casi todas las prisiones, salvo los CRC, sufrieron de excesivo hacinamiento. La cárcel La Victoria, la mayor del país, tenía más de 4.000 presos en una instalación destinada para 1.300. Este grave hacinamiento llevó a un mercado informal en el que los presos pagaban hasta 40.000 pesos (aproximadamente 1.200 dólares) para comprar una cama. Los bloques de celdas consistían en cubículos improvisados con camas encimadas de a tres, en un pabellón de celdas densamente poblado. La circulación del aire era un problema, y el peligro de incendio, elevado.

Fueron comunes los informes de maltratos y violencia entre los presos en las prisiones, así como los informes de acoso, extorsión y registros inapropiados de visitantes a la prisión. Las condiciones de salud y saneamiento fueron deficientes y algunas prisiones estaban fuera del control de las autoridades y, en efecto manejadas por pandillas delincuentes de presos armados. En mayo hubo un motín para protestar por la falta de agua en el centro de detención juvenil de Santiago, que tuvo como resultado un incendio en el cual murieron dos presos; ese mismo mes, en otras dos prisiones la violencia entre los presos llevó a lesiones de al menos 11 presos. El 2 de septiembre, siete presos en la prisión La Romana fueron lesionados durante lo que se dijo fue un altercado entre pandillas rivales; según otro informe el incidente había sido un motín de presos para protestar por las condiciones de la prisión, incluida la escasez de agua. Un sentimiento común entre los encargados en las prisiones convencionales fue que mientras que es posible que los encargados controlen el perímetro, dentro de la prisión con frecuencia los presos tenían sus propias reglas y sus propios sistemas de justicia. En general, esta situación fue diferente de la de los CRC, donde guardias especializados aumentaron el control de las áreas de las prisiones. El Procurador General informó que seguía siendo mínima la incidencia de corrupción en los CRC.

Las asignaciones presupuestarias para las necesidades de alimentos, medicamentos y transporte fueron insuficientes. La mayoría de los presos mendigaban por comida, se la compraban a personas del vecindario de la prisión o la obtenían de sus familiares. Con frecuencia no se les llevaba a los presos a los juicios a no ser que pagaran coimas a los guardias, y a menudo las visitas tenían que pagar coimas a los guardias para visitar a los presos. En forma análoga, los detenidos tuvieron que pagar coimas para que se les permitiera asistir a la capacitación vocacional que se ofrece en algunas instalaciones. Las autoridades de las prisiones aceptaron dinero a cambio de una recomendación de que a un preso se le dé permiso o se le ponga en libertad por motivos de salud. Hubo acusaciones verosímiles de que los presos podían obtener liberación temprana bajo palabra a cambio de una coima. Con frecuencia no se proporcionó atención médica adecuada a los presos en las prisiones. Los presos inmovilizados por el VIH/SIDA o con enfermedades terminales no eran transferidos a los hospitales.

La Dirección Nacional de Prisiones notificó por lo menos 52 muertes en las prisiones; 38 de ellas se relacionaron con varias enfermedades, incluidas la tuberculosis y el VIH. Otras muertes y lesiones se debieron a la violencia y, según informes, los guardias balearon y mataron a dos presos que trataron de escapar.

Si bien un guardia subordinado al procurador general era técnicamente responsable del manejo de cada prisión, en la práctica los oficiales de policía o militares (generalmente nombrados por un período de solo tres a seis meses y responsables de proporcionar seguridad) estaban por lo general encargados de la mayoría de las prisiones. Aproximadamente un 80 por ciento de los guardias de prisiones eran oficiales de policía o militares en lugar de oficiales civiles de correccionales, empleados exclusivamente en los CRC.

Hubo continuas acusaciones de tráfico de drogas y de armas, prostitución y maltrato sexual en las prisiones. Siguió habiendo secciones especiales en las prisiones en las que estaban internados oficiales de policía hallados culpables de actividad delictiva, inclusive algunos conocidos por abusos de los derechos humanos.

Al 12 de septiembre, se habían construido 12 CRC, o se habían convertido prisiones convencionales en CRC, y está programada para el futuro cercano la apertura de otros. No obstante, esta mejora para un 16 por ciento de los presos tuvo lugar a expensas de otros en el sistema, porque cuando una instalación se convirtió en una prisión modelo, los pesos excedentes fueron transferidos a otros lugares, principalmente a La Victoria, aumentado así la presión en esa instalación que ya sufre de considerable hacinamiento.

Las presas por lo general estuvieron separadas de los presos. La mitad de ellas estuvieron en prisiones destinadas solamente a mujeres. Las condiciones en los pabellones de mujeres en general eran mejores que en los de los hombres. A diferencia de los hombres, a las mujeres presas se les prohíbe recibir visitas conyugales. A las que dieron a luz mientras estaban presas se les permitió tener a sus bebés con ellas hasta un año.

Los menores fueron procesados en tribunales especializados para menores y, con cada vez más raras excepciones, fueron detenidos en instalaciones para menores.

Debido al grave hacinamiento, en muchas instalaciones más pequeñas, como la prisión Higuey, las autoridades no trataron de separar a los presos de acuerdo con la gravedad del delito cometido.

Los reclusos en prisión preventiva estaban juntos con los condenados. La Dirección Nacional de Prisiones calcula que el 62 por ciento de los presos se hallaban en custodia preventiva, a la espera de juicio. Fue difícil verificar esa cifra, ya que se consideraba que muchos presos se hallaban en custodia preventiva tras una condena inicial porque se encontraban a la espera del juicio. La ley estipula que el período de espera para el juicio no debe exceder tres meses, pero se puede prolongar hasta un año en ciertos casos.

También hubo insuficientes esfuerzos para separar y proporcionar servicios a los enfermos mentales, en especial en las prisiones convencionales.

Durante el año, el gobierno permitió visitas a las cárceles por observadores independientes de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y los medios de comunicación.

     d.   Arresto o detención arbitrarios

Si bien el Código Procesal Penal (CPP) prohíbe la detención sin una orden de arresto a menos que se aprehenda a un sospechoso en el acto o en otras pocas circunstancias, el arresto y la detención arbitrarios siguieron constituyendo problemas. Por ley las autoridades pueden detener a una persona sin cargos en su contra por hasta 48 horas. Hubo numerosos informes de personas detenidas y luego liberadas con poca o ninguna explicación por la detención.

Función de la policía y los cuerpos de seguridad

La Policía Nacional, el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Consejo de Seguridad Aeroportuaria (CESA), el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT) y las fuerzas armadas (ejército, fuerza aérea y marina) conforman las fuerzas de seguridad. La Secretaría de Estado del Interior y Policía es responsable de tomar decisiones normativas que afectan a la fuerza policial. Los militares, el CESA, el CESEP y el CESFRONT se hallan bajo el Secretario de las Fuerzas Armadas; el DNI y la DNCD, que tienen personal tanto policial como militar, están bajo la autoridad directa del Presidente de la República.

En 2008 el jefe de policía anunció una política de "tolerancia cero" de los abusos de los derechos humanos. Se expulsó o enjuició a oficiales de policía a través del sistema de justicia penal en los casos en que se halló que habían actuado fuera de los procedimientos policiales establecidos. En marzo se nombró una comisión policial especial para que investigara a los oficiales de policía que supuestamente tenían vínculos con narcotraficantes. La policía arrestó y enjuició a 31 oficiales de policía de Puerto Plata y 20 de Bonao.

La Unidad de Asuntos Internos investigó con eficacia los cargos de mala conducta grave por parte de miembros de la Policía Nacional. Estos casos comprendían agresión física o verbal, amenazas de muerte, uso inapropiado de armas de fuego, atracos y robos. Para diciembre, la Unidad de Asuntos Internos había realizado 2.664 investigaciones que dieron lugar a 332 despidos y 985 sanciones.

En muchas ocasiones los oficiales de policía intentaron solicitar coimas a personas que se enfrentaban ante un arresto o a imposición de multas. Los observadores de los derechos humanos en el país informaron en algunas ocasiones que las autoridades inmigratorias y policiales habían hecho una redada de obreros de la construcción y otros trabajadores manuales indocumentados de origen o ascendencia haitiano con el fin de extorsionarles dinero. Algunas ONG sostuvieron que hubo corrupción entre oficiales militares y de inmigración destinados en puestos fronterizos y observaron que a veces estos oficiales eran cómplices del tráfico ilícito de obreros haitianos al país.

El Instituto de Dignidad Humana, rama de la Policía Nacional, realizó cursos de capacitación para oficiales de policía. En el programa de estudios revisado, tanto oficiales nuevos como los ya existentes recibieron capacitación en derechos humanos y civiles, así como mayor capacitación técnica. Además, la Academia de Policía otorgó capacitación a oficiales de policía para tratar a los sospechosos con fuerza menos letal.

La capacitación de soldados y oficiales militares y del DNCD incluyó instrucción sobre los derechos humanos. El Instituto Militar de los Derechos Humanos ofreció cursos de diplomado en derechos humanos y de ordinario envió a representantes a unidades fronterizas para realizar capacitación obligatoria en derechos humanos. Durante el año, la Secretaría Nacional de las Fuerzas Armadas proporcionó capacitación u orientación sobre derechos humanos a 1.266 oficiales de varios rangos así como a civiles.

Procedimientos de arresto y trato durante la detención

La Constitución estipula que una persona acusada puede ser detenida hasta por 48 horas sin orden de arresto antes de ser presentada a las autoridades judiciales. También estipula el recurso de hábeas corpus para solicitar la liberación de los detenidos en forma ilícita. Todo preso detenido por más de 48 horas sin haber sido acusado formalmente tiene derecho a presentar una moción de hábeas corpus. El juez que preside durante la audiencia de hábeas corpus tiene la facultad de liberar al preso cuando éste haya estado detenido por más de 48 horas sin haber sido acusado formalmente o cuando no haya pruebas suficientes de un delito que justifiquen su detención por más tiempo. La decisión del juez de liberar a un preso está sujeta a apelación por parte del fiscal.

La ley también permite que las autoridades policiales aprehendan a una persona acusada sin una orden de arresto cuando se halla a la persona en el momento de cometer un delito o se la puede vincular razonablemente con un delito (p. ej., escapada de un prisión o establecimiento penitenciario, en fuga, etc.).

El CPP estipula un plazo más restrictivo de 24 horas en el cual presentar los cargos formales, que por lo general se observó.

Pese a las disposiciones mencionadas, a veces la policía detuvo a sospechosos para investigación o interrogación por períodos más largos que 48 horas. Con frecuencia la policía detuvo a todos los sospechosos y testigos de un delito y utilizó el procedimiento de investigación para determinar cuáles personas eran inocentes y merecían ser liberadas y cuáles deberían continuar detenidas. Aun así, las audiencias de hábeas corpus redujeron en forma considerable estos abusos.

Si bien anteriormente solo se otorgaron a algunos acusados, la fianza se volvió más común en virtud del nuevo CPP, que requiere revisión judicial de las detenciones más al comienzo de un caso penal, pero el sistema demostró ser inadecuado para prevenir que los acusados se escondan. En algunos casos, los observadores sospechaban que el otorgamiento de fianza y la consiguiente desaparición del sospechoso se debían a corrupción o a ineficiencias en el sistema judicial.

La ley requiere que se proporcione abogado a los acusados indigentes, pero la mayoría de los detenidos y presos que no pueden costearse servicios de defensa no tuvieron pronto acceso a un abogado. La Oficina Nacional de Defensa Pública proporcionó asesoramiento y representación legales a personas indigentes, pero las limitaciones de recursos dieron lugar a niveles inadecuados de personal. En todo el país había 16 oficinas de defensores públicos, con 184 defensores públicos, 72 abogados defensores a jornada parcial y 23 investigadores. El gobierno siguió su programa para adiestrar a los defensores públicos en cuanto a los cambios pertinentes causados por la aplicación del CPP y ampliaron la capacitación a los fiscales.

La policía continuó la práctica, si bien con menos frecuencia que en años anteriores, de realizar redadas esporádicas en comunidades de bajos ingresos y alto nivel de delincuencia, durante las cuales arrestaron y detuvieron a personas sin ninguna orden de arresto, supuestamente para combatir la delincuencia. Durante estas redadas, la policía arrestó a grandes cantidades de residentes y confiscó artículos de propiedad personal supuestamente utilizados en la actividad delictiva.

Muchos sospechosos soportaron largas detenciones previas al juicio. En virtud del CPP, el juez tiene la facultad de ordenar que un detenido permanezca bajo custodia policial entre tres meses y un año. Según la Dirección Nacional de Prisiones, por lo general la detención previa al juicio fue de un promedio de tres a seis meses. El tiempo cumplido en detención previa al juicio se cuenta para el cumplimiento de una sentencia. El Ministerio Público siguió aplicando un sistema automatizado de seguimiento de casos que permitió a los fiscales adherirse con mayor eficacia a la reglamentación de la detención previa al juicio y, por consiguiente, reducir el número de ocasiones en las que se excedieron los límites de tiempo impuestos por el CPP. Este sistema cubrió 15 de las 32 fiscalías.

En el Departamento de Menores de la comisaría de Villa Juana por lo común se retenía a los menores bastante más que el límite de 12 horas antes de remitir el caso a la fiscalía. La ley prohíbe que la policía interrogue a menores o que se les interrogue en presencia de la policía. Los fiscales y los jueces manejaron las interrogaciones de menores.

El hecho de que las autoridades policiales no presentaran al acusado para las audiencias en tribunales causó un considerable porcentaje de postergaciones de juicios. Con frecuencia se postergaba la fecha de presentación de los detenidos ante el tribunal porque no se los llevaba de la prisión al tribunal o porque su abogado, los coacusados o los testigos no se presentaban. El gobierno no proporcionó fondos para transportar a todos los acusados entre la prisión y el tribunal. A pesar de las protecciones adicionales para los acusados que figuran en el CPP, en algunos casos las autoridades siguieron reteniendo a los presos más allá de los plazos estipulados aunque no hubiera cargos formales contra ellos.

La judicatura tiene oficinas de servicio judicial en La Vega, Moca y Puerto Plata. Mediante estas oficinas fue posible atender 24 horas al día los asuntos urgentes que necesitaban un juez (como la obtención de una orden de arresto o de allanamiento y la realización de procesamiento). Estas oficinas de servicio judicial fueron parte de un esfuerzo por aumentar la eficiencia de los tribunales y reorganizarlos de manera que funcionen en conformidad con el CPP. Esta reorganización tuvo lugar a un ritmo sostenido, si bien no rápido.

e.   Negación de un juicio público justo

La ley estipula una judicatura independiente; no obstante, a pesar de la creciente independencia de la judicatura, siguieron siendo evidentes casos de influencia política en la toma de decisiones. En los casos en que ocurrió, la interferencia de las entidades públicas tendió a ser pronunciamientos públicos sobre casos activos y enjuiciamientos selectivos, y no intervención directa en casos existentes. Sin embargo, hubo ocasiones en que al parecer los jueces de tribunales superiores trataron de influir en las decisiones de los tribunales inferiores. Además, la corrupción siguió constituyendo un problema grave (véase la sección 4).

La judicatura consta de un Tribunal Supremo compuesto por 16 miembros, varios tribunales de apelaciones, tribunales de primera instancia y jueces de paz. Hay tribunales especializados que manejan asuntos tributarios, laborales, de tierras y de menores. Un Consejo de Magistrados selecciona a los jueces del Tribunal Supremo sobre la base de hechos como reputación general y tiempo de servicio, si bien la composición política del consejo deja abierta la posibilidad de nombramientos discrecionales. Los jueces de los tribunales inferiores son nombrados tras haber pasado rigurosos exámenes de ingreso, la finalización de un programa de capacitación y la exitosa culminación de un examen.

Por lo general, los defensores públicos y los fiscales públicos estuvieron bien calificados; sus organizaciones particulares requirieron para el empleo la aprobación de exámenes objetivos.

     Procedimientos de juicio

La ley estipula la presunción de inocencia, el derecho a la apelación y el derecho a enfrentar o cuestionar a los testigos. La ley estipula el derecho de un ciudadano a no ser privado de su libertad sin un juicio o formalidades jurídicas o por motivos que no sean los estipulados por ley, el derecho contra la autoincriminación y el derecho a una defensa en un juicio imparcial y público. Los acusados tienen el derecho a permanecer en silencio. La ley también estipula un defensor público a toda persona que no pueda costearse un abogado.

Hubo afirmaciones creíbles de que las autoridades infringieron estos derechos en algunos casos, pero hubo mejor adhesión al procedimiento debido a medida que las autoridades fueron conociendo mejor las modificaciones del CPP. La fiscalía debe notificar al acusado y al abogado los cargos penales así como las pruebas que la fiscalía presentará ante el tribunal. Los acusados y abogados tienen acceso a las pruebas en poder del gobierno, pero solamente después de la audiencia preliminar, cuando la acusación formal es aprobada por el juez.

Los tribunales militares y policiales comparten la jurisdicción de casos que tienen que ver con miembros de las fuerzas de seguridad. Mientras que los tribunales tienen jurisdicción de los casos que comprenden la infracción a las normas y reglamentos internos, los tribunales penales civiles manejan los casos de asesinatos y otros delitos graves supuestamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.

Presos y detenidos políticos

No hubo informes de presos ni detenidos políticos.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Hay sistemas tribunales separados para reclamos en virtud de las leyes penales, comerciales, civiles y laborales. Se informó que los tribunales comerciales y civiles sufrieron demoras en decidir los casos, si bien por lo general se cumplieron sus decisiones. Al igual que en los tribunales penales, siguió siendo un problema la influencia política o económica indebida en las decisiones de los tribunales civiles.

Los ciudadanos tuvieron el recurso de amparo, acción que procura remediar toda infracción de un derecho constitucional, inclusive infracciones por parte de oficiales judiciales. Aunque este recurso se utilizó raras veces, salvo por parte de los que contaron con asesoramiento jurídico sofisticado, miembros de la sociedad civil y periodistas procuraron el recurso de amparo en algunos casos importantes durante el año.

f.   Injerencia arbitraria en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia

La ley prohíbe el ingreso en forma arbitraria a una residencia privada, salvo cuando la policía se halla persiguiendo a un sospechoso o cuando se aprehende a un sospechoso en el momento de cometer un delito. La ley estipula que todos los otros casos de entrada a una residencia privada requieren una orden de arresto o de allanamiento expedida por un juez. Sin embargo, en la práctica, la policía realizó allanamientos y confiscaciones ilícitos, como redadas sin órdenes para el efecto en residencias privadas en muchos barrios pobres de Santo Domingo.

Si bien el gobierno negó que usara escuchas telefónicas no autorizadas u otros métodos subrepticios para interferir en la vida privada de las personas y familias, los grupos de derechos humanos y políticos de oposición afirmaron que seguían teniendo lugar dichas interferencias.

Sección 2 Respeto a las libertades civiles, incluso:

a.   Libertad de expresión y prensa

La Constitución establece la libertad de expresión y de prensa, y el gobierno generalmente respetó dichos derechos en la práctica. Por lo general, las personas o los grupos pudieron criticar al gobierno en forma pública y privada sin represalias, si bien una asociación nacional de periodistas informó sobre amenazas y agresiones contra algunos periodistas.

Los periódicos y las revistas presentaron una variedad de opiniones y críticas. Hubo ocho diarios, varios semanarios y numerosos medios noticiosos en línea. Algunas veces parecía que los publicistas practicaban una autocensura, en especial cuando la cobertura pudiera afectar de manera adversa los intereses económicos o políticos de los propietarios de los medios. La cobertura de los juicios de fraudes en los principales bancos también se vio influida con frecuencia por el hecho de que dos de los principales periódicos eran de propiedad de los acusados en los juicios.

El 22 de mayo, un juez le ordenó al senador Alejandro Williams que cesara y desistiera de todas las acciones contra tres periodistas: Margarita Cordero, María Isabel Soldevila y Norma Sheppard. Las tres periodistas habían planteado un juicio contra el senador, diciendo que unos hombres contratados por él se habían hecho pasar por investigadores extranjeros y las habían acosado por sus informes desfavorables sobre Williams.

En junio de 2008, un fiscal, Víctor Cordero Jiménez, supuestamente atacó al periodista Manuel Guillermo Mejía cuando éste cuestionó el desempeño de Cordero en un caso relacionado con drogas, que al final llevó al despido de Cordero. Posteriormente, el senador Wilton Guerrero, de Bani, acusó a Cordero de complicidad con narcotraficantes de la provincia. Cordero presentó un juicio contra el senador por difamación, pero un juez desestimó los cargos.

Hubo muchas emisoras de radio y televisión de propiedad privada que difundieron una amplia gama de opiniones políticas. Hubo una emisora de radio y televisión, de propiedad del gobierno. Los medios internacionales operaron con libertad.

No se conocieron nuevos acontecimientos en el caso del camarógrafo Normando García, quien fue asesinado en Santiago en agosto de 2008.

El Sindicato Nacional de Periodistas informó que las autoridades civiles, policiales y militares, así como delincuentes y otras personas, agredieron o amenazaron a más de 70 periodistas durante el año. En octubre, la evaluación de la libertad de prensa en el país realizada por la ONG Reporteros Sin Fronteras mencionó un índice elevado de violencia, acoso y maltrato contra organizaciones noticiosas y periodistas. El gobierno hizo poco para investigar las amenazas de violencia o ataques físicos a periodistas.

Libertad de uso de Internet

No hubo restricciones gubernamentales sobre el acceso a Internet ni informes de que el gobierno vigilara el correo electrónico ni las salas virtuales de conversación (chat rooms) en Internet. Varias personas y grupos pudieron participar en la expresión pacífica de sus opiniones por medio de Internet, incluso por correo electrónico. El acceso a Internet fue ampliamente disponible, incluso "Wi-Fi hotspots". Varios sitios de la prensa nacional tuvieron "blogs" disponibles que permitieron la expresión de opiniones contra el gobierno y otros sectores poderosos. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en 2008 hubo 22 usuarios de Internet por cada 100 habitantes.

Libertad académica y actividades culturales

No hubo restricciones gubernamentales sobre la libertad académica ni las actividades culturales.

b.   Libertad de reunión y asociación pacífica

Libertad de reunión

La ley estipula la libertad de reunión, pero las manifestaciones y las reuniones públicas al aire libre requieren permisos, que por lo general el gobierno otorgó. En varias ocasiones, los oficiales de policía recurrieron a la fuerza para dispersar manifestaciones espontáneas y mataron o hirieron a manifestantes y transeúntes (véase la sección 1.a.).

Libertad de asociación

La ley estipula la libertad de asociación y, por lo general, el Estado ha respetado ese derecho en la práctica.

c.   Libertad de culto

La Constitución establece la libertad de culto y, en general, el gobierno respetó este derecho en la práctica. La ley prohíbe la discriminación por motivos religiosos, y hubo muchas denominaciones religiosas activas.

La Iglesia Católica gozó de privilegios especiales que no se les otorga a otras religiones, en virtud de un concordato firmado en 1954. Por ejemplo, el gobierno solamente reconoce los matrimonios civiles y católicos.

Abuso y discriminación sociales

No hubo informes de violencia social, hostigamiento ni discriminación contra feligreses. La comunidad judía era sumamente pequeña; no se tuvo noticia de actos antisemitas.

Véase un análisis más detallado en el informe internacional sobre la libertad de culto de 2009 en www.estado.gov/g/drl/irf/rpt.

d.   Libertad de circulación, personas desplazadas internamente, protección de los refugiados y apátridas

La ley establece la libertad de movimiento dentro del país, viajes al extranjero, emigración y repatriación, y el gobierno respetó generalmente esos derechos en la práctica. Grupos nacionales e internacionales de derechos humanos informaron que cientos de miles de personas sin documentación adecuada, incluidos migrantes haitianos y otras personas de ascendencia haitiana, se enfrentaban ante obstáculos al viajar tanto dentro como fuera del país.

Si bien el gobierno sostuvo que ya no practicaba la deportación en masa, siguió habiendo informes de dichas prácticas. La nueva autoridad de control fronterizo informó que de enero a septiembre había repatriado a 6.619 haitianos. Ciertas ONG informaron que en la mayoría de estos casos, los agentes del gobierno no siguieron el procedimiento debido ni las normas básicas internas sobre los derechos humanos, pese a los términos de un acuerdo bilateral con Haití sobre la repatriación de haitianos indocumentados y a las instrucciones expresas del director de migraciones de seguir las normas.

La ley prohíbe el exilio forzado y no hubo informes sobre ello.

Protección de los refugiados

El país es parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno estableció un sistema para otorgar protección a los refugiados pero no lo ha implantado efectivamente.

Una persona que solicite categoría de refugiado debe ser remitida por la Oficina Nacional de Refugiados de la Dirección General de Migración a la Subcomisión Técnica de la Comisión Nacional para los Refugiados, presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Subcomisión tiene la responsabilidad de formular una recomendación a la comisión, que se compone de miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento Nacional de Investigaciones y la Dirección General de Migración. La comisión plena tiene la responsabilidad de la decisión final sobre la solicitud pero se reunió solamente dos veces durante los últimos 15 años.

Para diciembre, la Dirección General de Migración informó que hubo entre 400 y 500 solicitudes de asilo, casi todas hechas por haitianos. Algunos de estos casos habían estado esperando una decisión desde 2000, pero cinco casos fueron aprobados (tres rusos, un haitiano y un guatemalteco), y durante el año se presentaron 85 casos nuevos. Según ciertas ONG, cientos de otras personas que buscaban asilo presentaron solicitudes que no se habían tramitado, lo cual les dejó en un estado de limbo legal por años. La mayoría de estas personas carecía de documentos suficientes para obtener permiso para trabajar legalmente y para ejercer otros derechos, como obtener documentos para sus hijos.

Si bien el gobierno proporcionó cierta protección contra la expulsión o el retorno de personas a los países en los que su vida o su libertad podría correr peligro, persistió el riesgo de deportación. Por lo general, la protección se aplicó a personas que habían obtenido acceso al procedimiento de refugiado y se le había expedido prueba de que eran refugiados o tenían pendientes sus solicitudes para ello. Los documentos proporcionados no otorgan derechos legales considerables, como los de residencia, ni impiden la interrupción de los estudios después del octavo grado a los hijos de refugiados. Debido a la falta de capacitación, a veces estos documentos no son reconocidos por todos los oficiales que podrían aprehender a una persona.

Hubo informes de que a los hijos de refugiados haitianos --aun los nacidos a los poseedores de documentos de migración-- se les negaba rutinariamente los certificados de nacimiento así como la documentación relativa a educación, salud y seguridad. Al respecto, recibieron el mismo trato que los migrantes haitianos indocumentados.

Personas apátridas

La Constitución estipula que toda persona nacida en el país es nacional dominicano, excepto los hijos de diplomáticos o los que están "en tránsito". De ordinario, el gobierno utiliza la excepción en tránsito para negar la inscripción como nacionales a los niños nacidos en el país de padres descendientes de haitianos, quienes el gobierno considera que están en el país ilegalmente, aun cuando sus padres y abuelos hayan residido en el país durante largos períodos de tiempo. En 2005, el Tribunal Supremo dictaminó que la categoría de en tránsito se aplicaba a los hijos de migrantes indocumentados.

Los consulados haitianos informaron que estaban legalmente autorizados a inscribir solamente los nacimientos declarados en el término de dos años. Se exigía que los padres que declararan un nacimiento presentaran formas válidas de identificación para poder presentar una declaración. Una cantidad considerable de personas de origen haitiano en el país no pudieron reunir estos requisitos, y por consiguiente sus hijos permanecieron indocumentados. En consecuencia, cientos de miles de personas de origen haitiano nacidas en la República Dominicana eran funcionalmente apátridas. Según un informe presentado por el gobierno al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se estima que había en el país de 900.000 a 1,2 millón de inmigrantes indocumentados, en su mayoría de origen haitiano.

Los dominicanos y los nacidos en la República Dominicana de origen haitiano que carecían de ciudadanía o de documentos de identidad se enfrentaron ante obstáculos para viajar tanto dentro como fuera del país. Además, los indocumentados no pueden obtener la tarjeta de identificación nacional (cédula) ni una tarjeta para votar. Los que poseen cédula tuvieron acceso limitado a los empleos del sector formal, a la educación pública superior, a la inscripción de matrimonios y nacimientos, a los servicios de la economía formal como bancos y préstamos, a los procedimientos tribunalicios y judiciales, y a la propiedad de tierra y otros bienes.

Con frecuencia las autoridades gubernamentales tomaron fuertes medidas relacionadas con la ciudadanía para las personas de origen haitiano. En 2007, la Junta Central Electoral (JCE) expidió una instrucción administrativa mediante la cual se ordenaba a los oficiales que se abstuvieran de expedir, firmar o proporcionar copias oficiales de documentos de nacimientos para las personas cuyos padres fueran extranjeros y no hubieran comprobado legalmente su residencia en el país. Esto dio lugar a casos de cancelación retroactiva de documentos de nacimiento y de identidad, muchos de los cuales pertenecían a personas de origen haitiano. El gobierno declaró que dichas cancelaciones se basaban en pruebas de que la documentación había sido obtenida en forma fraudulenta, y que de 2.416 casos hasta julio de 2008, solamente 72 tenían que ver con padres de origen haitiano. Sin embargo, ciertos grupos de defensa sostuvieron que las revocaciones estaban dirigidas a personas cuyos padres eran haitianos o cuyos nombres sonaban haitianos y que el número de revocaciones era del orden de los miles. Para marzo, la JCE había revocado provisionalmente los certificados de nacimiento y las cédulas de 126 niños nacidos de migrantes haitianos y sus hijos. Algunos de los nacimientos habían sido inscritos décadas atrás, varios de ellos de comienzos de los años setenta. La JCE también canceló 65 cédulas expedidas a extranjeros aduciendo fraude, 12 de las cuales eran de haitianos.

El gobierno no ha tomado medida alguna, ni se esperaba que lo hiciera, en el caso de Norberto Selvi, a quien se le negó una copia de su certificado de nacimiento en 2007.

En 2007, la JCE también creó un sistema de inscripción que permitía que los niños nacidos en el país de padres que no fueran residentes legales recibieran un certificado de nacimiento especial. Esto conllevaba un libro de inscripción para extranjeros. El reglamento estipulaba que los niños nacidos de padres que no fueran residentes legales del país y tuvieran documentación de su país de origen podían inscribir a su hijo en el libro, tras lo cual a los padres se les daría un informe oficial de nacimiento, que no confiere la ciudadanía. Solo los niños nacidos en hospitales son aptos para la inscripción en el libro. Los hijos de madres indocumentadas reciben un certificado provisional de nacimiento hasta que la madre obtenga sus documentos. Una madre indocumentada puede realizar una declaración tardía en el registro civil mediante la presentación de los certificados de nacimiento de sus padres. No obstante, la mayoría de las madres indocumentadas no pudieron cumplir con este requisito ya que sus padres tampoco tenían documentos.

Algunas ONG nacionales e internacionales informaron que desde la aplicación del libro del extranjero los hospitales y registros civiles no inscribieron a numerosos hijos de inmigrantes haitianos y sus descendientes. Para octubre, la JCE informó que aproximadamente 631 niños inscritos en el libro de extranjeros eran de origen haitiano. Se calculó que cada año de 10.000 a 20.000 niños eran hijos de migrantes haitianos y sus descendientes. Los ONG informaron que a algunos padres haitianos, que estaban ilegalmente en el país y cuyos hijos eran nacionales dominicanos en virtud de las leyes dominicanas, se les exigió que inscribieran los nacimientos de sus hijos en el libro de extranjeros.

Sección 3 Respeto de los derechos políticos: El derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno

La ley estipula que los ciudadanos tienen el derecho de cambiar su gobierno de manera pacífica, y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica por medio de elecciones periódicas, libres y justas que se llevan a cabo sobre la base del sufragio universal. El personal policial y militar en servicio activo no puede votar ni participar en actividades político-partidarias.

Elecciones y participación política

En mayo de 2008, el candidato del PLD, Leonel Fernández, ganó la presidencia en elecciones que se consideraron libres y justas en general, según la Organización de los Estados Americanos, otros observadores independientes y la junta electoral del gobierno. Los observadores señalaron que las elecciones parlamentarias y municipales de 2006 también fueron en general libres y justas.

Por ley, los partidos deben reservar a mujeres un 33 por ciento de los cargos en sus listas de candidatos para la Cámara de Representantes y concejos municipales; en la práctica, los partidos con frecuencia colocaron pocas mujeres en las listas. Hubo dos mujeres en el Senado, compuesto por 32 miembros; 33 mujeres en la Cámara de Representantes, dos mujeres en el gabinete y cinco mujeres en el Tribunal Supremo, compuesto por 16 miembros.

Sección 4 Corrupción y transparencia en el Gobierno

La ley estipula sanciones penales para la corrupción oficial; sin embargo, el gobierno no implantó la ley con eficacia y los funcionarios que se dedicaron a prácticas corruptas no fueron enjuiciados, si bien algunos fueron retirados de sus cargos y otros fueron sometidos a investigación por parte de la Oficina para la Persecución de la Corrupción Administrativa. Los indicadores mundiales de gobernanza del Banco Mundial señalaron que la corrupción en el gobierno era un problema grave. Más aún, una encuesta realizada en 2008 demostró que el 81 por ciento de los ciudadanos creía que el país era corrupto (43 por ciento) o muy corrupto (38 por ciento). El mismo estudio señaló que más de un 25 por ciento de los ciudadanos consideró que la corrupción era un impedimento para el desarrollo. El informe sobre competitividad mundial del Foro Económico Mundial también señaló que la corrupción era el factor más problemático para la realización de negocios en el país.

Los funcionarios se mostraron reticentes a investigar seriamente y preparar para enjuiciar los casos que involucraban a autoridades superiores del gobierno, ya sea del gobierno actual o del anterior. El procurador general concluyó seis casos de corrupción contra funcionarios de nivel más bajo, ya sea mediante condena o absolución, en comparación con 17 casos en 2008.

En mayo de 2008, la muerte en la cárcel del narcotraficante convicto Rolando Florián Feliz llevó a revelaciones de que manejaba su empresa delictiva desde una celda de lujo donde tenía acceso a libros, televisión y prostitutas. No obstante, el jefe del sistema de prisiones no renunció ni fue despedido.

Los esfuerzos del sistema de justicia penal por combatir los delitos financieros y la corrupción fueron atemperados con los cinco indultos emitidos por el presidente Fernández a ciertas personas condenadas en dos casos bien conocidos de corrupción en diciembre de 2008: los casos RENOVE y BANINTER. La mayoría de los miembros de la Comisión de Indultos renunciaron en protesta contra esos indultos.

Tras la investigación y el despido por parte del Congreso de los miembros del Tribunal de Cuentas, en septiembre de 2008 se nombró a nuevos miembros. Éstos se votaron para sí aguinaldos pero, tras una protesta pública, devolvieron el dinero. Desde entonces, el nuevo Tribunal de Cuentas realizó considerables esfuerzos para fortalecerse institucionalmente y aumentar su capacidad para llevar cabo auditorías eficaces de las instituciones del gobierno. Durante el año, el Tribunal de Cuentas presentó al Congreso varios informes de auditoría con importantes conclusiones sobre el mal uso de fondos públicos y la falta de procedimientos adecuados. En esto incluyeron a varias municipalidades, instituciones del estado y el presupuesto nacional. Para finales del año, no se habían aplicado medidas de seguimiento ni sanciones.

El uso de sanciones no judiciales continuó. Entre estas medidas figuraron el despido o la transferencia de miembros de las fuerzas armadas, oficiales de policía, jueces y otros funcionarios inferiores del gobierno dedicados a cobrar coimas y a otros comportamientos corruptos. La actitud generalizada de tolerancia de la sociedad hacia al menos algunas formas de corrupción complicó el esfuerzo por reducir la corrupción. En una encuesta realizada en 2008, los encuestados reconocieron que no condenaban actos específicos de corrupción (como el pago de pequeñas coimas a un funcionario público) porque consideraban que habían obtenido algo a cambio.

La Comisión de Ética y Combate a la Corrupción siguió funcionando, si bien con resultados prácticos mínimos ya que carecía de autoridades bien definidas y estructuras de toma de decisiones. En agosto, el presidente nombró a Marino Vinicio Castillo nuevo presidente de la Comisión. Castillo prometió tomar las medidas necesarias para mejorar el enjuiciamiento de los corruptos, además de fortalecer la prevención, aunque para finales del año no había habido ninguna mejora apreciable.

En septiembre, el Tribunal Supremo aprobó un cambio de lugar para el juicio de varios oficiales navales y un ex oficial de policía en Bani por su supuesta participación en la muerte de siete supuestos narcotraficantes, luego de que los acusados amenazaron a fiscales y jueces. El juicio de 27 acusados continuó en Santo Domingo a finales del año; no obstante, no estuvo claro que el sistema judicial habría de poder enjuiciar a las personas poderosas que supuestamente estaban detrás de los delitos.

La ley requiere que el presidente y el vicepresidente, los miembros del Congreso, algunos jefes de dependencias y otras autoridades como alcaldes y concejales, así como los recaudadores de impuestos a la renta y derechos aduaneros, realicen declaraciones de su propiedad personal y real en el término de un mes de haber sido contratados, así como cuando "lleguen al final de su mandato". Se realizaron esfuerzos para estimular el cumplimiento de estas disposiciones, pero no estuvo claro cuán eficaces fueron dichos esfuerzos. La Oficina para la Persecución de la Corrupción, dependencia del Ministerio Público, está encargado de examinar estas declaraciones.

La ley establece el acceso del público a la información del gobierno, con límites sobre la disponibilidad de dicha información solamente en circunstancias específicas (como proteger la seguridad nacional). También estipula la aplicación de penas de hasta dos años de prisión y una prohibición de cinco años de ejercer cargos de confianza pública para funcionarios que obstruyan el acceso a la información pública. Un tribunal puede examinar la decisión de una entidad de negar el acceso a la información. Si bien con frecuencia son oportunas, también a menudo las respuestas fueron incompletas y el gobierno rechazó solicitudes subsiguientes. Más aún, hubo poca congruencia en la determinación de qué se consideraba información pública y qué no.

Sección 5. Actitud del gobierno sobre la investigación de presuntas infracciones de los derechos humanos hecha por organizaciones internacionales y no gubernamentales

Varios grupos de derechos humanos nacionales e internacionales funcionaron en general sin restricciones gubernamentales, investigando y publicando sus resultados en los casos de derechos humanos. Mientras que por lo general los funcionarios públicos cooperaron y se mostraron sensibles a sus puntos de vista, los grupos de los derechos humanos que abogaban por los derechos de los haitianos y personas de origen haitiano fueron una importante excepción y se enfrentaron ante ocasionales acosos y amenazas por parte del gobierno.

Las principales ONG nacionales fueron el Comité Dominicano de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Derechos Humanos de Santo Domingo. También hubo varias organizaciones seglares y religiosas más pequeñas que se dedicaron a los derechos de la mujer, cuestiones laborales y los derechos de los haitianos y sus descendientes en el país.

Para finales del año, el gobierno no había implantado una ley de 2001 que estipula la creación de la oficina del mediador para los derechos humanos.

Sección 6 Discriminación, abuso social y trata de personas

Si bien la ley prohíbe la discriminación por motivos de raza y género, dicha discriminación existió, y raras veces el gobierno reconoció su existencia o realizó esfuerzos para combatirla.

Mujeres

El estupro constituyó un problema grave y no informado en gran medida. La ley estipula penas de 10 a 15 años de prisión por estupro (o de 10 a 20 años en caso de estupro de una persona vulnerable, un niño o si ocurrió en otras circunstancias atroces) y una multa de 100.000 a 200.000 pesos (aproximadamente de 2.770 a 5.540 dólares). El estado puede enjuiciar a un sospechoso de estupro aun cuando la víctima no presente cargos, y las víctimas de estupro pueden presentar cargos contra los cónyuges. Con frecuencia las víctimas no notificaron casos de estupro por temor al estigma social, así como también debido a la percepción de que la policía y la judicatura no proporcionarían reparación. La policía se mostró renuente a manejar casos de estupro y a menudo instó a las víctimas a buscar ayuda ante las ONG.

La violencia doméstica siguió siendo un problema grave. En virtud de la ley contra la violencia doméstica, el estado puede entablar juicio por estupro, incesto, agresión sexual y otras formas de violencia doméstica. Las sanciones por estos delitos van desde uno a 30 años de prisión y multas de 700 a 245.000 pesos (aproximadamente 20 a 6.800 dólares). Según cálculos de una ONG nacional, un 20 por ciento de las mujeres de entre 15 y 49 años habían sido víctimas de maltrato físico en algún momento de su vida. Entre enero y mayo, el gobierno informó que 41 mujeres resultaron muertas debido a la violencia doméstica.

El fiscal de distrito de Santo Domingo en el distrito nacional, que comprende aproximadamente un 10 por ciento de la población del país, tuvo una Unidad Especializada de prevención de la violencia y atención en dichos casos, 14 oficinas satélite en toda la ciudad. En estas oficinas, las víctimas de violencia podían presentar quejas penales, obtener asesoramiento jurídico gratuito y recibir atención sicológica y médica. Se dio instrucciones a la Policía de que remitiera a estas oficinas todos los casos de violencia doméstica y agresión sexual. Cada oficina contó con sicólogos profesionales en su personal para asesorar a las víctimas de violencia y determinar la amenaza de peligro inminente que se relaciona con una queja. Estas oficinas tenían la autoridad de emitir órdenes temporales de prohibición de acercamiento inmediatamente después de recibir quejas y de actuar de mensajeras para las víctimas, lo que impidió el contacto entre la víctima y el causante del maltrato.

Para diciembre, se habían presentado 7.598 quejas a la Unidad Especializada de Prevención de la Violencia, un leve aumento en comparación con el mismo período en 2008. Los casos informados se solucionaron por mediación, permanecieron en investigación o fueron llevados al tribunal.

La Dirección General Nacional de Ayuda a las Víctimas coordinó los esfuerzos de las instituciones oficiales y no gubernamentales que ofrecían servicios a las víctimas de violencia. Tenía tres oficinas en Santo Domingo y dos en otros sitios. Estas oficinas no solamente aceptaron quejas penales de víctimas de violencia en todo el país sino también proporcionaron servicios de asesoramiento y protección y, en casos necesarios, realizaron envíos a especialistas médicos o sicológicos. La Procuraduría General, la Secretaría de la Mujer y varias ONG realizaron programas de divulgación y capacitación sobre la violencia doméstica y los derechos ante la ley. Además, la Procuraduría General estableció una campaña de información pública contra la explotación sexual y laboral, y lanzó una línea telefónica de emergencia para fines de prevención y ayuda a las víctimas.

La Secretaría de la Mujer también tuvo a su cargo el funcionamiento de dos refugios para víctimas de la violencia doméstica en lugares no divulgados, donde las víctimas de maltratos podían informar a la policía y recibir asesoramiento.

La prostitución es lícita, aunque hay algunas prohibiciones contra las relaciones sexuales con menores, y es ilícito que terceros obtengan ganancia financiera de la prostitución. Sin embargo, por lo general el gobierno no hizo cumplir las leyes sobre prostitución. El turismo sexual existió en todo el país, en especial en Las Terrenas, Cabarete, Sosua y Boca Chica. Los grupos de derechos humanos informaron de la existencia de prostitución continua en campamentos de trabajo de caña de azúcar y en zonas fuera de la capital. Algunas ONG realizaron programas sobre la prostitución y la explotación sexual de menores para hoteles y trabajadores de zonas industriales, prostitutas y prostitutos y otros grupos de alto riesgo.

El acoso sexual en el lugar de trabajo es un delito menor y conlleva una posible sanción de un año de prisión y una multa de hasta 10.000 pesos (unos 277 dólares); no obstante, los dirigentes sindicales informaron que la ley no se hizo cumplir y el acoso sexual siguió siendo un problema.

Por lo general se respetaron los derechos reproductivos. Si bien se disponía libremente de anticonceptivos, muchas mujeres de bajos ingresos los usaron en forma no sistemática debido tanto a la disponibilidad irregular de los mismos en entidades públicas como a prejuicios sociales y religiosos contra la planificación familiar. La mortalidad materna siguió siendo elevada (159 por 100.000 nacidos vivos), pese a que el 98 por ciento de los partos tuvieron lugar en hospitales y centros de salud. La mayoría de las muertes maternas y neonatales se debieron a la insuficiente calidad de la atención y a no seguir las normas y protocolos, lo que dio lugar a la deficiente atención de partos tanto normales como complicados. Además, la cantidad de partos por cesárea fue sumamente elevada. La mayoría de las mujeres tuvieron acceso a alguna forma de atención posnatal. Pero en algunas provincias pobres, como Pedernales, un 29 por ciento de las mujeres no recibió atención posnatal alguna. El acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual se vio limitado por cuestiones técnicas, financieras y administrativas que afectaron por igual a hombres y mujeres. Aproximadamente 12.000 personas con VIH/SIDA -la mayoría de las cuales fueron mujeres- tuvieron acceso al tratamiento con antirretrovíricos.

Aunque la ley estipula que las mujeres tienen la misma categoría que los hombres ante la ley, en la práctica las mujeres sufrieron discriminación. No gozaron del mismo nivel social y económico ni de la igualdad de oportunidades que los hombres, y éstos ejercieron la mayoría de los puestos directivos en todos los sectores. En muchos casos, las mujeres recibieron menos pago que los hombres en empleos de igual contenido y que requerían iguales aptitudes. Algunos empleadores supuestamente sometieron a pruebas de embarazo a las mujeres antes de contratarlas, como parte de un examen médico obligatorio. Aunque es ilícito discriminar sobre la base de dichos exámenes, algunos dirigentes de ONG informaron que con frecuencia no se contrataba a mujeres embarazadas y que a veces se despedía a empleadas que quedaban embarazadas. No hubo programas efectivos del gobierno para combatir la discriminación económica contra la mujer.

Niños

La nacionalidad se adquiere por nacimiento en el país, salvo los hijos de diplomáticos o los de las personas que están en tránsito; esta última categoría no está claramente definida (véase la sección 2.d.). A los hijos de padres de ascendencia haitiana se les negaba la ciudadanía por razón de la excepción relativa a las personas en tránsito, aunque sus padres hubieran residido toda la vida en el país. Los niños que no se hubieran inscrito al nacer quedaban indocumentados mientras no se les hiciera una declaración tardía; las declaraciones tardías de nacimiento estaban sujetas a ciertas limitaciones. Los informes más recientes de la ONG Profamilia y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia indicaban que el 13 por ciento de los niños menores de 15 años no estaban inscritos. Los menores indocumentados, especialmente los de ascendencia haitiana, tenían dificultades en acceder a la enseñanza pública elemental.

El abuso de los niños, ya sea físico, sexual o sicológico, constituyó una lacra grave. Al 1 de agosto, se habían presentado 1.558 quejas en el Distrito Nacional, constituido principalmente por la ciudad capital de Santo Domingo. De esas quejas, más de la mitad aguardaban la fecha de la vista ante el tribunal. Estos casos no suelen llegar a los tribunales, por temor al descrédito de la familia, la falta de recursos económicos o la ignorancia acerca de la asistencia jurídica disponible. Según la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en la mayoría de los casos de abuso, el acusado era una persona próxima al menor, como un familiar o amigo íntimo de la familia. La ley prevé el traslado del niño maltratado a una situación protectora.

Los observadores del país opinan que muchos de los casos de abuso de menores no se notificaban, por la norma social de que esos incidentes debían resolverse dentro de la familia. Las disposiciones de la ley tratan del abuso de los niños, tanto físico como emotivo, de la explotación sexual y del trabajo de los menores. La ley fija penas de dos a cinco años de reclusión y multa de tres a cinco veces el salario mínimo mensual para los culpables del abuso de un menor. Esas penas se duplican si el abuso tiene que ver con la trata de menores.

La ley castiga el estupro; la edad de consentimiento es de 18 años. El estupro se sanciona con 10 a 20 años de reclusión y multa de 100.000 a 200.000 pesos (o sea, de 2.778 a 5.556 dólares) si la víctima es niño o adolescente. La ley también prohíbe específicamente la pornografía y prostitución infantil, y sanciona el abuso sexual de los niños con reclusión de 20 a 30 años y multas de 100 a 150 veces el salario mínimo.

La Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas, entidad estatal, coordinaba las labores oficiales y de las NGO a favor de las víctimas de la violencia y el abuso.

La trata, la explotación sexual de menores y el turismo sexual infantil siguen siendo problemas muy graves, particularmente en las ciudades principales y los lugares turísticos más concurridos. La prostitución infantil a menudo es consecuencia de la necesidad económica y el gobierno ha llevado a cabo varios programas para combatirla, por ejemplo, avisos en los aeropuertos y programas específicos para los destinos turísticos populares.

Trata de personas

Aun cuando la ley prohíbe la trata de personas, hubo informes de trata de hombres, mujeres y niños dentro del territorio nacional, o del exterior o al exterior.

No se conoce exactamente la extensión de la trata de personas porque es una actividad ilícita. El Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), una ONG, calculó que entre 17.000 y 33.000 mujeres dominicanas en el extranjero han sido víctimas de la trata. Al parecer, la trata ha llevado a muchas dominicanas a diversas naciones, principalmente a Europa Occidental, América Latina y el Caribe para la explotación sexual comercial. Las mujeres que estaban en mayor riesgo de la trata eran las de 18 a 25 años de edad, sobre todo las de menos estudios. Las víctimas de la trata dentro del país solían ser mujeres o adolescentes enviadas para la explotación sexual a las zonas urbanas o turísticas. También hay noticias de la trata interna de mujeres y niños para la servidumbre doméstica.

Según el COIN y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la trata de personas estaba organizada por lo general en pequeños grupos de maleantes. Los traficantes del país procuraban a sus víctimas y les obtenían documentos de identidad y viaje. Los traficantes a menudo conocían a las mujeres a través de amigos y familiares; les prometían algún empleo, les conseguían documentos falsos o auténticos, y con frecuencia les retenían el pasaporte a la llegada al país de destino. Las ONG del país declararon que sólo ayudaban a unas pocas víctimas al año. Al mes de octubre, la OIM había atendido a 28 víctimas de la trata.

La ley penaba la trata con reclusión de 15 a 20 años y multa de hasta 175 veces el salario mínimo mensual. El Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes castigaba la entrega de un menor a otra persona, a cambio de alguna recompensa, con fines de trabajos forzados, explotación sexual comercial u otras actividades degradantes, con reclusión de 20 a 30 años y multa de 100 a 150 veces el salario mínimo mensual. No obstante, las autoridades por lo general no enjuiciaban las causas por trata. En 2008, la Procuraduría General manifestó que había iniciado cuatro investigaciones al respecto.

A fines de 2008, la Comisión Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, organismo establecido por el gobierno elaboró un plan nacional para luchar contra la trata y fortalecer la protección de las víctimas pero no asignó fondos para costear su puesta en práctica. Los servicios del orden cooperaron con los gobiernos del extranjero en la investiación de casos de trata y prostitución infantil.

No está demostrado que algunos funcionarios públicos hubieran participado en la trata, pero hay activistas que opinan que la trata de personas no podría ocurrir sin la cooperación o el consentimiento de algún funcionario. El gobierno informó que había investigado a funcionarios por haber facilitado, tolerado o participado en la trata, pero no se sabe de ningún procesamiento por ese motivo. La Dirección General de Migración despidió a numerosos investigadores por sospechar que pudieran haber participado en la trata de personas.

El gobierno prestaba alguna asistencia a las víctimas de la trata en el país y en el exterior pero dependía de las ONG y los organismos internacionales para la mayor parte de los servicios de protección. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha organizado una red mundial de funcionarios consulares capacitados para reconocer y ayudar a las víctimas de la trata. Existían varios refugios bajo administración de las iglesias (pero con alguna ayuda oficial) que daban asilo a los menores que huían de la prostitución. Los refugios públicos para las víctimas de la violencia doméstica no solían dar acogida a las víctimas de la trata. El gobierno llevaba a cabo una campaña de concientización por radio, televisión y la prensa escrita, para desalentar la emigración ilícita y luchar contra la trata de personas.

La Unidad de Prevención del Departamento de Tráfico y Trata de Personas, en colaboración con las Secretarías de Trabajo y Educación, proporcionó capacitación en las escuelas de todo el país. En esos cursos se advertía a los niños de los peligros del tráfico de extranjeros, la explotación sexual comercial y la trata de personas. Además, el gobierno y varias asociaciones se esforzaron por abordar el turismo sexual en las zonas más frecuentadas por los viajeros. Algunas ONG también llevaron a cabo programas de enseñanza sobre la prostitución y la explotación sexual de menores, dirigidos a los empleados de hoteles y zonas industriales.

El COIN y la OIM informaron a las mujeres que pensaban aceptar ofertas de empleo en Europa y las islas del Caribe Oriental acerca de las complicaciones de la inmigración y la salud, entre otras cuestiones, tales como los peligros de la trata, la prostitución obligada y el servicio doméstico forzoso. El COIN administraba el Centro para la Salud e Información Migratoria para las Mujeres Migrantes, el cual llevaba a cabo campañas de educación comunitaria sobre estas cuestiones en las zonas de alto riesgo, así como sobre los requisitos de documentación para la ciudadanía y para el empleo lícito. Con la ayuda de la OIM, el COIN también prestaba ciertos servicios clínicos mínimos y ofrecía clases de educación para adultos dirigidos a las mujeres que retornaban, muchas de cuales habían sido víctimas de la trata.

No hay informes de que el gobierno encarcelara, multara, castigara ni enjuiciara indebidamente a las víctimas reconocidas, ni desalentara la presentación de denuncias.

El informe anual del Departamento de Estado sobre la trata de personas, titulado Trafficking in Persons Report, puede consultarse en www.state.gov/g/tip.

Personas con discapacidades

Aunque la ley prohíbe la discriminación de los discapacitados, estos siguen sintiendo la discriminación en el empleo y en la obtención de otros servicios. La ley dispone que los discapacitados tengan acceso a todos los edificios nuevos, públicos y privados, pero las autoridades no cumplen esa norma. La Asociación Dominicana de Rehabilitación, que contaba con 17 secciones repartidas por todo el país, tenía el subsidio de la Secretaría de Salud Pública para ayudar a la rehabilitación de los discapacitados.

La discriminación contra los enfermos mentales era común, tanto en el sector público como el privado, y se dedicaban pocos recursos a esos enfermos.

Minorías nacionales, raciales y étnicas nacionales

Hay pruebas claras de prejuicio y discriminación racial contra las personas de tez oscura pero el gobierno negaba tanto ese prejuicio como la discriminación; por consiguiente, ha hecho poco para remediar esta situación.

También había grandes prejuicios contra los haitianos, lo que perjudicaba no sólo a estos sino también a los dominicanos de origen haitiano y a los extranjeros de tez oscura. Pocos funcionarios admitían la existencia de esta discriminación mientras otros negaban a menudo y públicamente que la hubiera.

Las ONG del país informaron de incidentes en los cuales a las personas de tez oscura se les negaron los servicios en bancos, restaurantes, tiendas y salas de fiesta o la asistencia a las escuelas privadas o la inscripción de nacimientos en los hospitales. En un informe de 2007, los relatores de las Naciones Unidas para el racismo y los derechos de las minorías instaron a las autoridades a reconocer la existencia del racismo y la discriminación contra las minorías, a instaurar un plan nacional para la adopción de medidas al respecto, y a anular una norma de la Junta Central Electoral (JCE), a consecuencia de la cual se revocaban los documentos de identidad de los haitianos. Asimismo, instaron a que cesara la repatriación en masa de haitianos. En respuesta a ese informe, las autoridades negaron la existencia del racismo en el país y citaron unos comentarios que afirmaban que la República Dominicana formaba una comunidad mulata. Afirmaron que la norma de la JCE se dirigía contra el fraude y que los haitianos que estuvieran en el país podrían obtener sus documentos de identidad en Haití. También manifestaron que no había motivo para decir que a los dominicanos de raza negra se los enviaba a Haití y observó que las autoridades habían suspendido las repatriaciones de los viernes para evitar que los empleadores las aprovecharan para no pagar a sus obreros el trabajo de la semana.

Los haitianos seguían emigrando al país en busca de oportunidades económicas y el gobierno repatriaba a muchos de ellos. Las autoridades migratorias y las fuerzas de seguridad efectuaban redadas periódicas durante todo el año para localizar y repatriar a los indocumentados de origen haitiano. Algunos de los expulsados informaron que no se les había dado la oportunidad de demostrar que eran residentes legales, tomar medidas para el cuidado de sus bienes y familiares o expresar el temor fundado a que se los persiguiera o torturase a regresar a Haití. Según algunas ONG, las autoridades migratorias y las de la seguridad a veces confiscaban y destruían los documentos de residencia y los pasaportes de los expulsados, pese a las órdenes vigentes del gobierno de que se respetaran los derechos humanos de los expulsados. En ciertos casos, algunos de los expulsados que tenían los debidos documentos han recibido permiso de retornar.

Algunos inmigrantes haitianos viven en barrios marginales o en campamentos de las viviendas de los obreros de la caña de azúcar, los llamados "bateyes". Como ocurría en muchas de las zonas pobres del país, las condiciones en esos lugares eran deplorables, con ausencia o grandes deficiencias de suministro eléctrico, agua corriente, servicios sanitarios o escuelas. En muchos bateyes, la asistencia médica era rudimentaria o no se conseguía fácilmente; el agua limpia rara vez se encontraba. Muchos de los residentes de los bateyes, faltos de documentación, considerban que no tenían más remedio que permanecer en esos poblados, donde se sentían en poco peligro de deportación y hostigamiento, como hubieran estado en cualquier otra parte del país.

Las empresas azucareras del sector privado siguieron mejorando sus instalaciones, lo que habían comenzado a hacer en 2007. Se construyeron escuelas y viviendas nuevas; otras viviendas se renovaron. En Nuevo Cayacoa, concluyó en septiembre la primera fase de la construcción de viviendas modernas y servicios comunitarios para 132 trabajadores de la caña y sus familias.

Durante el año llegaron noticias de violencia y atentados contra los haitianos de parte de grupos de policías espontáneos (véase la sección 1.a.).

Abusos, discriminación y actos de violencia generalizados por motivos de orientación sexual e identidad de género

Las ONG informaron de que la discriminación social motivada por la orientación sexual de las personas estaba muy extendida. Los homosexuales, las lesbianas, los bisexuales y los transexuales a menudo mostraron su preocupación por la extensión de esa discriminación en todos los aspectos de la sociedad, entre ellos, los servicios de salud, la educación y el empleo. Según numerosos informes fidedignos, la orientación sexual era motivo de expulsión de las escuelas públicas, de detención arbitraria, de despido del empleo, o de la denegación del derecho a alquilar o comprar viviendas.

Los homosexuales y las lesbianas sufren asaltos físicos, intimidación, hostigamiento y amenazas de violencia. Según las ONG, esos grupos se mostraban reacios a presentar demandas o a quejarse a las autoridades por temor a las represalias y la humillación. Varios homicidios durante el año parecieron vinculados a la orientación sexual de las víctimas. En marzo, un trabajador sexual transexual, Francisco Encarnación Urbi, fue lanzado desde un vehículo en movimiento, a consecuencia de lo cual falleció en un hospital de Santo Domingo. En abril, dos trabajadores sexuales transexuales fueron atacados y después asesinados en Santiago. El 11 de agosto se encontró muerta en una calle de Santiago, a Janet Cerdá, lesbiana víctima de un atacante desconocido. El 20 de octubre, Richard Joel Cuevas Castillo, trabajador sexual transexual, fue tiroteado y herido por cuatro motociclistas desconocidos en Santo Domingo. El 25 de noviembre, unos desconocidos mataron a tiros a Alejandro Correa Pichardo, trabajador sexual transexual, en Santo Domingo. Las investigaciones continuaban pendientes al finalizar el año.

Después del primer desfile de orgullo homosexual, que tuvo lugar en 2001, las autoridades han rechazado o postergado todas las otras solicitudes de permiso que han presentado las asociaciones de homosexuales y lesbianas para que una celebración. Según los activistas esas asociaciones, en lugar de marchas y concentraciones, celebran pequeñas reuniones informales en lugares de recreación, las cuales no necesitan el permiso de las autoridades.

Otros actos sociales de violencia o discriminación

Hay discriminación contra los que sufren de VIH/SIDA, tanto en el trabajo como en otras partes. Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/SIDA, se calcula entre 52.000 y 71.000 los infectados en el país. De un estudio de la Red de Personas que Viven con VIH, Profamilia y la Alianza Solidaria se desprende que, de la muestra entrevistada de personas infectadas por el VIH, el 62 por ciento dijo ser víctima de la murmuración; un 30 por ciento, de agresiones de palabra; un 27 por ciento, de amenazas de palabra, y un 14 por ciento, de agresiones o amenazas físicas.

Según Human Rights Watch y Amnistía Internacional, en muchas industrias los trabajadores se exponían a que les hicieran pruebas de VIH en el trabajo o al pedir asistencia o seguro médico. Muchos de los obreros o pacientes que se descubrió que sufrían esa enfermedad no fueron contratados o resultaron despedidos o se les negó el tratamiento médico pertinente. Si bien la ley prohíbe que se utilicen las pruebas de VIH para seleccionar a los empleados o para prestar servicios médicos que no se relacionen con esa enfermedad, no se conoció ningún caso en que se hiciera cumplir esa diposición, aunque al parecer se habían presentado oficialmente algunas quejas.

Sección 7 Derechos de los trabajadores

a.   El derecho de asociación

La ley concede la libertad de constituir sindicatos; todos los obreros, salvo los militares y la policía, pueden formar sindicatos o incorporarse a los que prefieran. Hay disposiciones que restringen de cierta manera la formación de sindicatos por los funcionarios públicos; el 40 por ciento de esos funcionarios debe convenir en afiliarse a un sindicato en cada entidad gubernativa antes de que ese sindicato se pueda formar. Los trabajadores sindicalizados constituían alrededor del 8 por ciento de la población activa. Aunque la ley dispone que un sindicato, para legalizarse, deberá inscribirse en el Ministerio de Trabajo, también estipula que si el Secretario de Trabajo no ha tramitado la solicitud de inscripción en el plazo de 30 días, el sindicato en cuestión quedará reconocido automáticamente.

Unos pocos sindicatos tenían unos cuantos afiliados haitianos, a quienes ampara el Código de Trabajo, sea cual sea su condición inmigatoria. (Los que inscriben a los sindicatos deben estar documentados pero las normas sobre la documentación no se aplican estrictamente a los afiliados.) Según diversas ONG, muchos obreros haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en la agricultura y la construcción no ejercen esos derechos, por temor al despido o la deportación. Aunque 500 empleados haitianos indocumentados de un productor privado de azúcar demandaron al patrono y ganaron el derecho a las prestaciones y a contratos por escrito en noviembre de 2008, esa resolución fue desestimada en la apelación. La corte de alzada resolvió que un contrato no tiene que estar por escrito para ser judicialmente válido y que el Código de Trabajo no exige que los contratos estén por escrito. Según varias ONG, las empresas se aprovechan de la lentitud e ineficacia del sistema judicial para apelar las causas, y ese procedimiento, mientras se efectúa, deja a los trabajadores sin la protección de los derechos laborales.

La ley concede el derecho de huelga a la mayoría de los trabajadores, pero obliga a que se cumplan algunos requisitos para que cada huelga en particular sea legal; las huelgas legales son infrecuentes. Entre los requisitos para la legalidad de una huelga se cuentan el respaldo de la mayoría absoluta de los empleados de la entidad, estén sindicalizados o no; un intento previo de resolver el conflicto por mediación; la notificación por escrito al Ministerio de Trabajo, y un período de espera de diez días después de la notificación y antes de que comience la huelga.

Los empleados del gobierno y de los servicios públicos esenciales no tienen derecho de huelga. El Ministerio de Trabajo administra un procedimiento de conciliación entre trabajadores y empleadores para proveer un procedimiento jurídico que proteja los derechos de esos obreros.

b. El derecho de organización y negociación colectiva

La ley protege el derecho a sindicalizarse y a negociar colectivamente. Aunque la ley obliga a que se emplee la negociación colectiva en las empresas en las que un sindicato haya logrado el apoyo de la mayoría absoluta de los trabajadores, no permite la negociación colectiva a menos que un sindicato en particular represente a la mayoría absoluta de los empleados. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideraba que esta exigencia era excesiva y representaba un impedimento para la negociación colectiva. Pocas empresas tenían pactos para la negociación colectiva, en parte porque inventaban obstáculos y tenían los medios para costear largos procedimientos judiciales que los sindicatos nacientes no podían permitirse.

La ley ha establecido un sistema de tribunales laborales para resolver controversias. Este procedimiento ha sido a menudo muy prolongado, y las causas suelen estar pendientes durante varios años. El estudio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, una ONG dominicana, indica que la resolución de una causa se demora una media de 15,3 meses en primera instancia y de 16,4 en apelación.

Muchos participantes observaron que el procedimiento de concialiación del ministerio, aunque no sea vinculante, era el método más eficaz para resolver las controversias entre trabajadores y empleadores; en este procedimiento actuaban 37 mediadores repartidos en ocho sedes.

La ley que prohíbe que las empresas despidan a los que organizan sindicatos o se afilian a estos se aplicaba irregularmente; las penas no eran suficientes para que lo empleadores no infringieran los derechos de los trabajadores. Según algunos ONG, lo más corriente era que se despidiera a los obreros que trataban de formar sindicatos. Llegaron informes de hostigamiento e intimidación por los empleadores a fin de evitar la actividad sindical, especialmente en las zonas francas. La Federación Dominicana de Trabajadores de Zonas Francas (FEDOTRAZONAS) observó incidentes antisindicales en las empresas Gildan Active Wear, Andin Caribe, Kola Real y Loadway Enterprise. Hubo quejas de que los gerentes de estas compañías llevaban a cabo campañas antisindicales mediante amenazas de despedir a los afiliados a los sindicatos, intentos de evitar que el número de afiliados alcanzara el nivel necesario para legalizar el derecho a la negociación colectiva, e infracción de los derechos de los obreros estipulados en el código de trabajo.

Dada la escasez del empleo en el sector estructurado de la economía, el temor a las represalias limita en gran parte la capacidad de los trabajadores para asociarse libremente. A menudo se pide a los trabajadores que firmen documentos por los que convienen en no participar en actividades sindicales. Las empresas con frecuencia forman sus propios sindicatos para oponerse a los sindicatos libres y democráticos.

Según informaban las ONG dominicanas, las empresas con frecuencia trataban de formar sindicatos "amarillos", o sea, respaldados por las propias compañías, para diluir el poder de los verdaderos sindicatos obreros. Además, aumentaba la utilización de contratistas a corto plazo y de subcontratistas, con lo cual se hacía aún más difícil la formación de sindicatos y las negociaciones colectivas.

No hubo novedades en la investigación de 2008 llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo por infracciones de los derechos laborales supuestamente cometidas por un empresa exportadora de productos agrícolas del norte del país: discriminación contra los sindicalistas, horas extraordinarias forzosas, contravenciones del sueldo mínimo. La FEDOTRAZONAS informó que durante el año esa empresa siguió discriminando abiertamente contra sus sindicatos afiliados.

El código de trabajo estaba vigente en las 57 zonas francas establecidas, las cuales empleaban a unos 155.000 obreros. Según el Consejo Nacional de Sindicatos, sólo había acividad sindical en ocho empresas de las zonas francas y que únicamente cuatro sindicatos habían establecido el derecho de negociación colectiva en dichas zonas. Los reglamentos en el trabajo y el cumplimiento de los mismos en las zonas francas no diferían del resto del país. Las condiciones de trabajo eran supuestamente algo mejores y los salarios eran a veces más altos en las zonas francas que en los sectores públicos o agrícolas del resto del país. Sin embargo, las horas extraordinarias obligatorias eran algo corriente en las zonas francas.

Han llegado informes de que estaba muy extendida la intimidación encubierta que practicaban los empleadores de las zonas francas, para evitar las actividades sindicales, la cual llegaba al despido de obreros por esas actividades y su incorporación a las listas negras. Según los sindicatos de las zonas francas, sus miembros se mostraban reacios a hablar de su actividad sindical en el trabajo, incluso en las pausas de descanso, por temor a perder el empleo. Los sindicatos acusaban a algunas empresas de las zonas francas de despedir a los obreros que intentaban organizar sindicatos. La mayoría de los sindicatos de las zonas francas pertenecían a la Federación Nacional de Trabajadores de las Zonas Francas o a FEDOTRAZONAS. Ésta calculó que menos del 10 por ciento de los trabajadores de las zonas francas estaban sindicalizados. Muchos de los fabricantes principales de las zonas francas tenían vigentes códigos voluntarios de conducta, en los que se incluían unas cláusulas de protección de los derechos laborales que solían estar de conformidad con la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Sin embargo, los trabajadores no siempre conocían la existencia de esos códigos ni de los principios que en ellos se defendían.

c.   Prohibición del trabajo forzado u obligatorio

La ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio pero llegaban informes de casos de trabajos forzados de niños y de adultos, por ejemplo, en tareas domésticas. Se obligaba también a los niños a prostituirse, especialmente en las zonas turísticas del litoral (véase la sección 6).

La indocumentación y condición ilícita de los trabajadores haitianos les deja a menudo en una situación endeble que les expone al trabajo forzado. Aunque no había mucha información específica al respecto, llegaban informes de que ciertos ciudadanos haitianos tal vez estén sometidos al trabajo forzado en los sectores de servicios, construcción y agricultura. Un informe de un gobierno extranjero afirmaba que es probable que por lo menos parte del azúcar del país se produzca con mano de obra forzada. Los productores de azúcar del sector privado reconocen haber contratado a algunos obreros haitianos que ya residían y trabajaban en el país pero insistían en que no les habían obligado a trabajar. Según las ONG, continuaba la importación de mano de obra inmigrante nueva e indocumentada procedente de Haití y que las condiciones en las plantaciones de caña de azúcar seguían siendo sumamente duras.

Eran comunes las horas extraordinarias obligatorias, que a veces se hacían obedecer mediante el cierre de las puertas o la pérdida de la paga o del empleo para los que se negaban a trabajarlas.

d.   Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para el empleo

Si bien la ley prohibía el empleo de los menores de 14 años y limitaba el de los menores de 16, el trabajo de los niños seguía siendo un defecto social importante, aunque hubo ciertas pruebas de que había disminuido durante el año. Algunas ONG calcularon que trabajaban ilegalmente 436.000 menores entre cinco y 17 años. Los reglamentos limitaban las horas de trabajo de los niños entre las edades de 14 a 16 a seis horas diarias; para los menores de 18, la ley limitaba el trabajo nocturno y les prohibía el empleo en trabajos peligrosos o insalubres o en establecimientos de venta de alcohol. Las empresas que empleaban a niños demasiado jóvenes se exponían a multas y sanciones judiciales. El gobierno hace cumplir estos reglamentos en el sector estructurado, pero en el sector no estructurado el trabajo de los menores constituía un problema que estaba casi siempre fuera del alcance de la ley.

El trabajo de los menores ocurría principalmente en la economía no estructurada: los pequeños comercios, los hogares y la agricultura. Según informes, los niños trabajaban específicamente en la producción de ajo, papa, café, tomate y arroz; también hay indicios de que trabajaban en la extracción de larimar (variedad de la pectolita) en la región de Barahona. Los hijos a menudo acompañan a sus padres en las labores agrícolas, en parte porque las familias no tienen otro sitio donde dejarlos, puesto que las horas de clase son sólo unas pocas al día. La explotación sexual comercial de los niños seguía siendo una lacra, especialmente en las zonas urbanas y los destinos turísticos principales.

Los niños también trabajaban como sirvientes domésticos y parecía que muchos eran víctimas del trabajo forzoso. Se creía que algunas familias pobres haitianas convenían con familias dominicanas para que éstas "adoptaran" y emplearan a sus hijos. En algunos casos, los padres adoptivos, al parecer, no trataban a esos niños como familiares plenos sino que esperaban que trabajaran en las casas o los negocios de la familia, en lugar de asistir a la escuela, lo que se convertía en una especie de servidumbre obligatoria a largo plazo para niños y adolescentes.

El Ministerio de Trabajo, entre otros organismos oficiales, así como algunas entidades de la sociedad civil, seguían colaborando con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, de la OIT, para evitar que 5.500 niños comiencen a trabajar en condiciones de explotación y para aliviar ciertas circunstancias, como la eliminación del empleo de los niños en tareas agrícolas peligrosas en las regiones de cultivo del arroz. En esto también se incluía un programa para luchar contra la explotación sexual comercial de menores en los destinos turísticos populares, como Boca Chica, Sosua y Las Terrenas. Estos programas prestan asistencia psicológica y médica, retornan los menores a la escuela, y siempre que sea posible, reúnen a los niños con sus familias y comunidades. Asimismo, prestan asistencia jurídica a los niños víctimas y a sus familias para la detención y condena de los explotadores.

El Ministerio de Trabajo, tras inspecciones in situ, ha anunciado que en los bateyes del consorcio azucarero ya no se emplea la mano de obra de los niños. Sin embargo, los informes de las ONG contradicen esa conclusión del Ministerio. La Secretaría de Trabajo emplea a 203 inspectores, todos los cuales han sido preparados especialmente para localizar y eliminar las labores ilegales de los menores.

El Comité Nacional contra el Trabajo Infantil tiene el plan de eliminar las peores formas del trabajo de los menores, para lo cual ha fijado los objetivos, señalado las prioridades y asignado las obligaciones para oponerse eficazmente a la explotación laboral y reducir apreciablemente el número de niños obreros. En enero de 2008, el Ministerio de Trabajo lanzó un programa para respaldar las asociaciones público privadas dirigidas a impedir las labores peligrosas de los menores, con el objetivo de retirar a 8.500 niños de la explotación laboral. Este programa ha conribuido a reducir el número de niños expuestos a las peores formas del trabajo infantil del 9,3 por ciento en 2004 al 6,4 por ciento en 2008.

e.   Condiciones aceptables de trabajo

El poder ejecutivo fija los niveles mínimos de remuneración para los empleados públicos y el Comité Nacional de Salarios, de carácter tripartito, hace lo mismo para el sector privado, a excepción de los trabajadores de las zonas francas y los de las industrias del azúcar, la construcción, la hostelería y la fabricación de calzado. Una Comisión Tripartita negocia los salarios mínimos separadamente para cada una de esas industrias; el Ministerio de Trabajo se encarga de que se cumplan esos niveles de remuneración. En las zonas francas, el salario mínimo mensual era de 4.900 pesos (unos 136 dólares) y fuera de las zonas francas, de 5.158 a 8.465 pesos (143 a 235 dólares), según el tamaño de la empresa. El salario mínimo en el sector público era de 2.600 pesos (72 dólares) mensuales. El sueldo mínimo diario para los obreros agrícolas (a quienes abarca el reglamento sobre remuneración mínima) era de 175 pesos (4,86 dólares), supuestamente por un día de 10 horas de trabajo. Ese es el sueldo mínimo para el cultivo de todos los productos de la agricultura salvo la caña de azúcar. Los trabajadores de la caña tenían un sueldo mínimo especial más bajo de 95 pesos (2,64 dólares) al día. El salario mínimo nacional no proporciona medios de vida decentes para un trabajador y su familia. Todos los obreros, incluidos los migrantes, estaban amparados por las disposiciones relativas a los salarios mínimos.

La ley estipula que el período de trabajo normal de la semana es de 44 horas y que todos los obreros tienen derecho a 36 horas de descanso ininterrumpido cada semana. La ley también estipula que las horas extraordinarias se bonifiquen, aunque esta disposición se cumple poco. Las horas extraordinarias son obligatorias en ciertas empresas de las zonas francas. Según la FEDOTRAZONA, algunas empresas tienen horarios de 12 horas al día y cuatro días a la semana de trabajo. Algunas empresas también han adoptado la práctica de pagar cada ocho días en lugar de cada siete, con lo cual se reducen los ingresos de los trabajadores.

En las plantaciones de caña, a los cortadores de caña se les solía pagar por el peso de la caña cortada y no por horas de trabajo. Los cortadores seguían sospechando que se les engañaba al pesar la caña y observaron que muchas veces, al final del día los empleadores no proporcionaban camiones ni carretas para transportarla y pesarla, lo cual se hacía al día siguiente, cuando la caña se había secado durante la noche y pesaba menos, y por lo tanto se pagaba menos por ella. Las compañías negaban que hubiera demoras en el transporte de la caña y explicaban que cualquier dilación perjudicaría sus operaciones. La cantidad de caña que puede cortar un obrero varía, pero la mayoría de los trabajadores jóvenes y sanos cortaban de dos a tres toneladas de caña por día laboral, lo que les daba un sueldo diario de 160-240 pesos (de unos 4,44 a 6,67 dólares). Sin embargo, a los trabajadores mayores y menos sanos se les pagaba sólo por la caña que cortaban, aunque ello fuera menos del salario mínimo. En los seis meses de inactividad, algunos trabajadores de las plantaciones de azúcar preferían permanecer en su comunidad, y por lo general no se les pagaba el sueldo mínimo establecido por ley.

Las condiciones de vida de los obreros agrícolas solían ser muy deficientes; muchos trabajaban largas horas y estaban expuestos a multitud de peligros, como la exposición a los plaguicidas, al exceso de sol y al uso de aperos pesados o cortantes. Según muchos activistas, los obreros de la caña que vivían en bateyes de propiedad de las emopresas no tenían acceso suficiente a las escuelas, los servicios médicos, el agua corriente y el alcantarillado. Al parecer, algunos empleadores en el sector azucarero retenían parte de la paga para asegurar que los trabajadores volvieran para la cosecha siguiente. Los trabajadores de la caña a menudo no recibían los servicios médicos ni las pensiones que se les debían, aunque se les hicieran los descuentos correspondientes de la paga.

El Instituto Dominicano para la Seguridad Social (IDSS) fija las condiciones para la protección y salud de los obreros en el trabajo. El IDSS y el Ministerio de Trabajo tienen los dos sus pequeños cuerpos de inspectores, los cuales están a cargo de hacer cumplir las normas. Aunque los inspectores hallaron más de 2.000 infracciones, los resultados de las inspecciones no se siguen eficazmente. Los obreros se quejaron de que los inspectores no estaban capacitados, no prestaban atención a las quejas por motivos de salud o protección, y atendían antes a las solicitudes de los empleadores que a las de los obreros. Si bien la ley obliga a las empresas a tener condiciones seguras en el trabajo, en la realidad los obreros no podían alejarse de las situaciones de peligro sin perder el empleo.